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Desde hace tiempo, los gobiernos financian tecnologías para su uso en el sector público. Entre algunos proyectos destacados se encuentran la vigilancia ciudadana, el seguimiento de residuos y las tecnologías de gestión del tráfico, que garantizan un funcionamiento más fluido en gran parte de nuestra vida cotidiana. En cuanto a la experiencia de los ciudadanos, los organismos fiscales y aduaneros suelen estar a la vanguardia y han implantado sistemas que permiten, entre otros, informatizar las declaraciones de impuestos y conectar plataformas de terceros. Por otra parte, estos sistemas se han transformado gracias a la asociación con proveedores de tecnología.

No obstante, aunque es evidente que las organizaciones públicas deben ser más inteligentes a la hora de invertir en tecnología para servir a los ciudadanos con eficacia, también es obvio que muchos organismos se están quedando atrás en la adopción del tipo de tecnología que puede transformar sus servicios. A continuación, se presentan tres tendencias tecnológicas que pueden adoptar para cambiar esta situación.

1. De la seguridad adaptativa a la confianza cero: cómo protegerse de las ciberamenazas

Los retos a los que se enfrentan los departamentos de TI de las administraciones públicas como consecuencia de los ciberataques son antiguos y bien conocidos. Los gobiernos no solo almacenan muchos más datos críticos que el sector privado, sino que también es más probable que utilicen tecnología heredada que puede ser vulnerable. Ante el incremento de los ciberataques por parte de sus autores y la creciente demanda de los ciudadanos de un acceso más cómodo a la información y a los servicios públicos, los departamentos de TI de las administraciones públicas se enfrentan a constantes desafíos.

Por lo tanto, contar con una arquitectura de seguridad adaptable que analice los comportamientos y eventos es esencial para ayudar a monitorizar las actividades y mejorar de forma proactiva a medida que evolucionan las ciberamenazas (Gartner¹). Además de habilitar la autenticación multifactor y mejorar la monitorización de los sistemas para recibir detecciones y alertas tempranas, los gobiernos también se encuentran revisando los planes operativos en colaboración con los profesionales de la seguridad informática del sector privado.

Sin embargo, aunque el sector privado de Estados Unidos colabora más estrechamente con los departamentos de TI de las administraciones públicas para combatir los riesgos de ciberseguridad a los que se enfrentan las empresas, un estudio realizado por Deloitte reveló que más de la mitad de los expertos en seguridad de la información del sector privado no confían en las prácticas de ciberseguridad de sus administraciones públicas.
Otra tendencia reciente es la «ciberseguridad de confianza cero», en la que el valor por defecto es la negación en lugar de la confianza. Pero esto requiere de un esfuerzo considerable y de una transformación profunda de las bases para la automatización y el uso de los recursos (Deloitte²). Independientemente del enfoque que se adopte, es probable que los gobiernos necesiten contar con soluciones para el lugar de trabajo con separación de redes y soluciones de gestión de la infraestructura de TI que incorporen sistemas operativos propios en soluciones de acceso remoto basadas en hardware. En conjunto, pueden ayudar a mantener el control de las ciberamenazas sin afectar al progreso del proceso de transformación digital del gobierno.

2. Implementación de los servicios compartidos 2.0: cómo reiniciar el lugar de trabajo digital

Los servicios compartidos consisten en la consolidación de funciones administrativas o de apoyo de varios organismos en una única organización para prestar servicios con la mayor eficacia posible. La tendencia de los servicios compartidos 2.0 pretende mejorar las interacciones de la administración pública mediante un cambio de enfoque, desde el ahorro de costes hasta la prestación de capacidades de alto valor. Según Gartner, esto incluye la seguridad en toda la empresa, la gestión de documentos de identidad y el análisis empresarial, entre otros. La creación de un centro de servicios públicos que actúe como solución única para los ciudadanos se basa esencialmente en la convergencia de las TI y las OT. Por ejemplo, en cualquier entorno de sala de control de un organismo público, un sistema con gran capacidad de uso que ofrezca una visualización de la información crítica y una comunicación amplificada puede aumentar la eficiencia del trabajo y contribuir de forma significativa a los beneficios no financieros.

La implantación de servicios compartidos requerirá que los gobiernos adopten prácticas de vanguardia para gestionar las interacciones entre equipos, una tendencia que Deloitte denomina «reinicio del lugar de trabajo digital». Mediante la adopción de la tecnología colaborativa, los gobiernos pueden optimizar la productividad tanto individual como de los equipos para establecer procesos más ágiles. Esto implicará una transformación radical de la mentalidad y la forma de trabajar en los departamentos de las administraciones públicas, por lo que aprovechar soluciones avanzadas en las salas de reuniones interactivas puede ser la clave para acceder a los mejores talentos disponibles y aumentar así la eficacia de los servicios.

3. Inteligencia de decisiones, XaaS y big data: cómo gestionar una infraestructura de TI escalable

Una de las principales responsabilidades de las administraciones públicas es satisfacer las necesidades de los ciudadanos y cumplir las expectativas de infraestructura digital y móvil. Para ello, los analistas insisten en que los gobiernos deben mejorar la calidad de la toma de decisiones mediante el uso de inteligencia aumentada a través de la recopilación y el análisis de datos, lo que se conoce como «inteligencia de decisiones». Los gobiernos reconocen cada vez más los datos como un activo estratégico y, según Gartner, la analítica de datos permite a los organismos públicos tomar mejores decisiones y anticiparse a los problemas.

Como consecuencia de la COVID-19, aprovechar la nube pública para ofrecer un gobierno digital a escala se ha convertido en un requisito imprescindible para obtener la confianza de los ciudadanos. Aunque la nube pública se ejecutaba tradicionalmente fuera de las instalaciones, ahora los proveedores de nubes públicas ejecutan los servicios de la nube en los centros de datos de sus clientes para cumplir las normativas y mantener la seguridad de los datos, las aplicaciones y las identidades. El término «Anything as a Service», también denominado XaaS, hace referencia a una estrategia de contratación de toda la gama de servicios de TI prestados basados en la nube que proporciona escalabilidad y un enfoque eficiente para prestar servicios públicos digitales.

Los gobiernos ya utilizan la analítica de big data en una serie de servicios públicos tales como la respuesta a emergencias, la seguridad financiera y la asistencia sanitaria. La implementación de la analítica de big data, tanto si se basa en la nube privada como en la nube pública en las instalaciones, requiere una gestión eficiente y escalable de la infraestructura informática, por lo que los organismos públicos seguirán confiando en soluciones que ofrezcan un acceso remoto seguro y avanzado, así como una gestión eficiente y centralizada de los equipos informáticos en diferentes ubicaciones.

Soluciones de ATEN para el gobierno digital

ATEN se especializa en soluciones seguras, robustas y fiables para consolidar los procesos en las operaciones públicas digitales y satisfacer las necesidades de todos los departamentos de la administración pública. Entre ellas se encuentran:

• soluciones de gestión de infraestructuras TI para la prestación ininterrumpida de servicios públicos y utilidades,
• soluciones de sala de control para la visualización de información y datos en el ámbito de la seguridad y la vigilancia,
• soluciones de escritorio seguras y de acceso remoto para operaciones seguras que ayuden a mitigar las ciberamenazas en constante evolución y
• soluciones para sala de reuniones destinadas a aumentar la colaboración y la productividad en los organismos públicos.

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